En la Guatemala del año 2032, la noción de equidad seguirá siendo el principio rector del desarrollo que oriente las acciones para erradicar la pobreza, la exclusión, la discriminación y la desigualdad entre mujeres, hombres de todas las edades y condiciones socioeconómicas. Esta noción también será aplicable a los diversos pueblos que conforman el territorio nacional.

Se habrá dado pasos importantes para proveer una mejor calidad de vida a los 22 millones de personas que habitarán toda la República. El crecimiento de la población será más lento. Sin embargo, la pirámide poblacional presentará una estructura similar a la actual: las y los jóvenes serán el segmento más amplio, pues un 66% de la población será menor de 35 años.

Esos jóvenes estarán gozando de una adecuada alimentación, educación de calidad y especializada, atención eficaz en salud y en salud sexual y reproductiva, así como amplias oportunidades de empleo. Estas oportunidades les permitirán aprovechar al máximo sus capacidades de aportar al desarrollo nacional. La población indígena y mestiza, hombres y mujeres, vivirá en condiciones dignas; las personas se beneficiarán al máximo de sus potencialidades.

Eventualmente se observará un marcado cambio en el número de personas que compone cada familia, ya que estas cada vez tendrán menos hijos. La tasa de fecundidad para el año 2032 será de dos hijos por mujer y la brecha actual entre mujeres indígenas y mestizas se estará cerrando.

En 2032, la diversidad se considerará como una fuente de riqueza que llevará a convivir y a establecer relaciones interculturales armónicas a partir de la valoración de las especificidades como potencialidades del desarrollo social sostenible. Todos y todas serán considerados y dignificados: tanto hombres como mujeres, niños, niñas y adultos mayores, personas de los pueblos mayas, garífuna, xinka y mestizo. Se habrá generado espacios de participación, expresión y diálogo ciudadano que propicien la interculturalidad.

El modelo de desarrollo urbano garantizará mejor calidad de vida a los habitantes y se prestarán de manera eficiente los servicios básicos de agua, energía, equipamientos, espacios públicos suficientes, de buena calidad, y mejores condiciones de seguridad. Además, los guatemaltecos y guatemaltecas en áreas urbanas contarán con amplias oportunidades laborales en los sectores industrial, comercial y de servicios, para que su desarrollo personal y el de su familia  sean sostenibles.

En 2032 el desarrollo rural se sustentará en una ciudadanía activa y en un marco institucional capaz de mantener en la agenda nacional la vigencia y cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural, que constituirá un marco de coordinación interinstitucional entre las instancias relacionadas con el desarrollo, el agro y área rural en el país. Estarán definidos y funcionando los mecanismos de coordinación interinstitucional cuyo enfoque toma en cuenta la integración armoniosa con los procesos de las dinámicas urbanas. Como producto de la planificación y el ordenamiento territorial, el país será ambientalmente sostenible y los derechos sociales y económicos de los pueblos en sus territorios serán respetados. Se habrá mejorado las condiciones materiales y sociales, garantizando el acceso a la tierra y otros activos productivos para asegurar medios de vida sostenibles.

En el plano regional, se habrá aprovechado la posición geoestratégica del país. Se habrá ampliado las posibilidades de intercambio con otros países, aprovechando nuevos espacios de encuentro comercial, económico, político y cultural, en el marco del acceso a nuevos mercados y de la integración regional, económica, social,  política y ambiental.

En ese sentido, durante los próximos veinte años Guatemala se inscribirá en una lógica de desarrollo sostenible, buscando equilibrio entre el crecimiento económico, la reducción de las brechas y desigualdades sociales, y el desarrollo rural y urbano sostenible. Ello, para el mejoramiento de los medios de vida y la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

La Guatemala de 2032 habrá aumentado su desempeño productivo por medio de la inversión en infraestructura social y productiva; dispondrá de bienes naturales para el desarrollo de sistemas socio-productivos y la obtención de servicios ambientales que beneficiarán al conjunto de los habitantes del país.

El país aprovechará la ocupación y uso del territorio con participación de las comunidades. Ello se hará en función de la vocación del territorio, su potencial y los costos-beneficios asociados con la gestión de los recursos naturales.

La tríada bosque, agua y energía será un elemento central de la sostenibilidad del desarrollo nacional dentro de veinte años. Los bosques se habrán recuperado y se gestionarán de manera sostenible, garantizando la protección de las fuentes de agua. La disponibilidad y calidad del recurso hídrico habrá mejorado y se contará con procesos sostenibles de generación energética limpia, agua para el riego y consumo, suficiente y accesible para todos y todas.

En el horizonte de 2032, las acciones del Estado serán concebidas en el contexto de propuestas integrales de desarrollo y la generación de energía hidroeléctrica será vista en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos, vinculada con las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo de medios de vida sostenibles.

La matriz energética se habrá modificado y funcionarán nuevas formas de generación hidráulica, geotérmica, solar, eólica y biomásica. En este sentido, la participación de la energía renovable se ampliará a un 80% para el año 2032, logrando así la soberanía energética y la universalidad, seguridad, continuidad y calidad en el acceso al recurso energético.

La vulnerabilidad ante los efectos de la variabilidad y cambio climático se habrá reducido y las acciones al respecto serán armonizadas a partir del conocimiento tradicional y el científico, tomando también en cuenta la capacidad de resiliencia generada en las instituciones públicas y la sociedad.

Hacia 2032, los programas de seguridad alimentaria habrán superado el enfoque asistencial. Tendrán como centro de su acción la garantía para la disponibilidad, acceso, consumo y aceptabilidad de los alimentos, reconociendo especialmente que todos estos elementos garantizan que la población aumente sus posibilidades de mantenerse sana y con condiciones para desarrollar sus capacidades físicas, mentales y sociales.

En 2032, la salud es concebida desde una óptica integral, que incluye como elementos centrales la prevención, la provisión, la atención y la rehabilitación. Las acciones de protección de los grupos más vulnerabilizados de la sociedad serán enfatizadas, de manera que se habrán sentado las bases para la protección social universal.

La educación permitirá que los hombres y mujeres, de manera equitativa, desarrollen sus capacidades. Para ello estimulará las destrezas matemáticas, de pensamiento abstracto y resolución de problemas de manera creativa. Por otra parte, también estimulará habilidades no cognitivas tales como la constancia, la disciplina, el trabajo en equipo y el diálogo.

Los resultados de estos procesos se observarán en la vida social y económica del país. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes completarán sus ciclos de formación con éxito. La educación considerará metodologías para atender las necesidades y capacidades diferenciadas y especiales de los estudiantes.

Las condiciones laborales habrán mejorado para todos, especialmente para las mujeres, los jóvenes y la población con discapacidad. Estos sectores de población se incorporarán al empleo, con mejores herramientas para su desempeño.

El primer indicador que permitirá medir la situación económica en 2032 se basará en las estimaciones del producto interno bruto (PIB) per cápita a precios constantes. En ese sentido, el escenario de crecimiento económico estará basado en las capacidades de la actividad económica nacional, pero ajustadas por las tendencias descritas e identificadas de la economía mundial. La tasa de crecimiento anual del PIB no será menor que el 5.4% real.

En términos económicos, en los próximos veinte años el país estará trabajando en el desarrollo económico y la competitividad por medio de alianzas público privadas que le permitirán asegurar tasas de crecimiento económico superiores al 5.4%, de manera sostenida. De esta forma se buscará lograr la transición hacia una economía de ingreso medio alto.

Existirán garantías para mayor seguridad, justicia y participación ciudadana, bajo un marco democrático. Las personas, hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tendrán confianza en las garantías ciudadanas. Esto implica condiciones de seguridad, tanto de las personas como de sus bienes.

En 2032 se habrá reducido la violencia contra las mujeres, el femicidio, la violencia contra la niñez y la trata de personas. Habrá mayores niveles de prevención de la violencia y el delito. El acceso a la justicia será pronto y eficaz y eso se reflejará en los niveles de bienestar de la población y de gobernabilidad democrática. Disminuirá considerablemente la impunidad en la resolución de los casos y aumentarán los mecanismos de resarcimiento. Se incrementarán las acciones de rehabilitación de los agresores y se contará con un sistema penitenciario más eficiente.

Los niveles de participación político-electoral generarán una mayor legitimidad y representatividad en la elección de las autoridades democráticas. Se fortalecerán las acciones de descentralización, municipalismo, rendición de cuentas y transparencia desde la sociedad civil organizada hacia el Estado y sus funcionarios, reconociendo que la convivencia intercultural es el elemento cohesionador para el funcionamiento integrado del Estado-nación.

Hacia 2032 el país contará con un Estado en capacidad de garantizar y dar respuesta a las necesidades vinculadas con los derechos humanos de la ciudadanía, con instituciones fortalecidas y en condiciones de hacer frente a los desafíos del desarrollo.

La administración pública se habrá modernizado y existirá una ley de servicio civil y de la carrera administrativa coherente con las necesidades de profesionalización que requiere la cosa pública.